Desde un punto de vista social, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la sociedad es el relativo a la exclusión social. Sin duda, la exclusión social afecta al derecho fundamental a la dignidad e integridad de la persona, familia y de la sociedad en su conjunto, en forma específica, a las personas o familias que disponen de menos recursos y que hace que estas carezcan de recursos residenciales, y/o que residen en infravivienda. Esta situación constituye una vulneración del núcleo duro de protección de los derechos humanos en su faceta de la promoción de la dignidad e integridad de la persona y de las familias, puesto que la dignidad no puede ser concebida como tal si estas se encuentran en situación o en peligro de padecer exclusión social como consecuencia de las condiciones de necesidades residenciales o porque residen en infraviviendas o núcleos chabolistas.
Han transcurrido más de dieciocho años desde que en enero de 2006 se adoptaron las Reglas Penitenciarias Europeas, cuando se dictó la Recomendación (2006) 2 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, parece que dado que en ese intervalo de tiempo transcurrido desde el establecimiento de las RPE hasta hoy se han producido avances considerables en el funcionamiento de la administración penitenciaria de los estados miembros del Consejo de Europa y las prisiones de aquellos, como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en las RPE. por los Estados miembros, y el seguimiento de la aplicación de las RPE en el ámbito del Consejo de Europa por parte de los organismos encargados de ello, y que durante el mismo intervalo de tiempo se ha dado una asunción de una nueva realidad por parte de la sociedad en general, los sujetos de derecho, es decir, las Organizaciones Internacionales, los estados, especialmente en los estados miembros del Consejo de Europa, cual es la cristalización, en la práctica y en la normativa penitenciaria, de la demanda social del respeto a los derechos humanos en el ámbito penitenciario de tal manera que forme parte esencial del núcleo duro que ostenta el nivel más elevado de protección y de promoción de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y como está corriente, en su amplio espectro, se encuentra en un proceso de plena transformación se hacía necesario evolucionar y no quedar limitados por lo dispuesto en las RPE adoptadas en 2.006, sino desarrollar aquellas para conseguir una renovada protección de los derechos humanos en Instituciones Penitenciarias, y pasar a una nueva fase en la promoción de la dignidad humana en el ámbito de las Instituciones Penitenciarias de acuerdo a las nuevas exigencias de de la sociedad y a los estándares evolucionados de respeto a los derechos humanos en cualquier ámbito.